31/10/2023. Los obispos españoles han celebrado el lunes, 30 de octubre, una Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) centrada en la cuestión de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia.
En el orden del día había dos puntos: el estudio y valoración del informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre, y el estudio de la solicitud del Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal Española.
Al analizar esta cuestión, los obispos presentes han manifestado su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteran su petición de perdón a las víctimas.
Asimismo, han manifestado el deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos.
Los obispos han valorado además el informe del Defensor del Pueblo, quien fue invitado a asistir a la reunión del episcopado español, y declinó participar por motivos personales.
"Duelen los abusos cometidos en la Iglesia", aseguraron los obispos, "aunque sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino".
En este sentido han realizado una primera aproximación a su trabajo valorando, de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar a las víctimas en el centro y "se han considerado también valiosas las recomendaciones propuestas en este informe", manifiestan.
Partiendo de esta realidad, la Asamblea Plenaria se ha unido a la petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad, como señala el mismo informe.
Junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, por la que miembros de la Asamblea Plenaria han pedido perdón, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tiene el deber de dar respuesta. En este sentido profundizan también en el hecho de que "hay que tener en cuenta la magnitud del problema, y su dimensión mayoritariamente extra eclesial" y que, poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, "discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda".
"De todas formas, un solo caso de abusos es intolerable. La Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir trabajando en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones. La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia no solo en la Iglesia sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración" han declarado los obispos.
La Oficina para la Protección del Menor en la Diócesis de Getafe
En la Diócesis de Getafe existe desde hace cuatro años una Oficina para Protección del Menor cuya responsable es Auxi Pérez, directora también del Centro de Orientación Familiar, y ante la que se pueden presentar informes relativos a clérigos o miembros de Institutos de vida consagrada o Sociedades de vida apostólica con relación a los delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo 'No cometerás actos impuros'.
Dentro de estos delitos se incluyen aquellos que consistan en obligar a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas.
También se pueden denunciar los actos relativos a conductas que consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso con respecto a los delitos anteriormente señalados. (cf. VELM 1)
Cualquier persona puede presentar un informe sobre las conductas mencionadas utilizando el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o por correo postal a Obispado de Getafe - Oficina para la Protección del Menor (c/ Cónsul, 3. 28901).
Estos informes deben recoger los elementos de la forma más detallada posible, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de estos, así como cualquier otra circunstancia que pueda ser útil para asegurar una valoración precisa de los hechos. (cf. VELM 3)
